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Las fundaciones bancarias han sido ordenadas por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre de cajas de ahorro y fundaciones bancarias (en adelante, «Ley de Fundaciones Bancarias» o «LFB»), para dotar de una nuevaorganización jurídico-privada a los patrimonios procedentes de lasprincipales cajas de ahorro espa?olas preexistentes. La LFB aduce como principal argumento justificativo para la reforma del sector de lascajas, con la introducción de las fundaciones bancarias, la necesidadde impedir que las primeras adquieran un tama?o excesivo, evitando que «puedan poner en peligro el sistema financiero, considerando lainidoneidad de su «estructura jurídica para hacer frente a situaciones de crisis con la agilidad necesaria debido a las dificultades quecuentan para atraer capitales». La justificación legal conecta puescon la hipótesis harto publicitada desde el estallido de la crisis del sector de las cajas según la cual ésta tuvo su origen en problemas de los mercados financieros, ajenos a la propia organización de éstas, y a la gestión de su negocio bancario. Las pérdidas en el activo de las cajas habrían sido causadas por factores exógenos a su modelo degobierno, sin que éste tuviera más debilidad que las dificultades para captar capital adicional con el que compensar las citadas pérdidas.Pero, en trabajos anteriores, ya hemos falsado la hipótesis descrita.La quiebra de las cajas procede de la acumulación en su activo devolúmenes de riesgo crediticio inmobiliario, difícilmente compatiblescon la que la lex artis de la gestión bancaria consideraría prudentesen tiempos de controversia sobre la existencia de una burbujainmobiliaria. Nuestro análisis, pues, no tiene por objetivoprioritario el modo en que el nuevo modelo permite una más fácilrecapitalización del sector, sino que se enfoca, mucho másampliamente, hacia la configuración de todo su gobierno institucionaly las novedades que éste aporta en los incentivos para la buenagestión del riesgo bancario respecto al modelo precedente